La muerte es un tema que nos llega a todos. Y aunque no es un tema fácil de abordar, es importante conocer los pasos que debemos seguir para resolver los asuntos financieros que quedan pendientes. En especial cuando se trata del saldo de una tarjeta bancaria de una persona fallecida.
En México, el procedimiento para recuperar el saldo de una tarjeta bancaria de un familiar fallecido es un proceso riguroso que se lleva a cabo a través de un juicio sucesorio.
¿Qué es un juicio sucesorio?
Este tipo de juicio puede ser intestamentario (cuando la persona fallecida no dejó un testamento) o testamentario (cuando la persona fallecida dejó un testamento).
En ambos casos, es necesario obtener una sentencia judicial que determine quiénes son los herederos del fallecido y en qué proporción les corresponde el saldo de la tarjeta bancaria. Es importante destacar que los herederos pueden ser determinados de manera testamentaria. En su defecto, por la ley en caso de que no exista testamento.
Una vez que se cuenta con la sentencia judicial que reconoce a los herederos del fallecido, se deberá solicitar al banco la liberación del saldo de la tarjeta bancaria. Es importante mencionar que el banco puede solicitar cierta documentación para validar la identidad de los herederos y que el proceso de liberación del saldo puede tomar varias semanas o incluso meses.
¿Qué pasa con la tarjeta bancaria si no se cumple con alguno de los anteriores supuestos?
Otro punto importante a considerar es que, en algunos casos, puede haber adeudos pendientes con el banco, como préstamos personales o tarjetas de crédito, que se deberán liquidar con el saldo de la tarjeta bancaria. En este caso, los herederos deberán hacer frente a las deudas del fallecido con sus propios recursos.
Es importante mencionar que los herederos pueden decidir renunciar a la herencia, incluyendo el saldo de la tarjeta bancaria, si consideran que el monto es insuficiente o si no están dispuestos a hacer frente a las deudas del fallecido. En este caso, los herederos deberán hacer una renuncia expresa ante un notario público o ante un juez de lo familiar.