La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), presentó a inicios de este año una acción de protección, con la que finalmente ahora logró detener esta intervención minera.
Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, el último martes resolvió la suspensión de esta concesión minera, por falta de una consulta previa a los habitantes de las comunidades de esta zona.
Consideran un triunfo la acción judicial
Lauro Sigcha, presidente de la FOA, considera a esto como el “triunfo” de una lucha que inició hace unos 30 años, para la protección de las fuentes de agua en los páramos de Kimsakocha. “El día de hoy vale la pena resaltar tanto sacrificio, tanto esfuerzo de casi tres décadas de resistencia… Tanta persecución que hemos recibido, ha habido detenidos, sentenciados (…)”, precisó.
Sigcha señaló que en esta zona cada día se producen unos 300.000 litros (lt) de leche, además de gran variedad de productos agrícolas. Por eso destacó el potencial productivo en agricultura que tiene este sector.
Yaku Pérez, abogado y excandidato a la Presidencia del Ecuador, estuvo a cargo de este proceso legal en representación de la FOA y de algunos sistemas comunitarios de agua de Tarqui, Victoria del Portete y Girón.
Recordó que en junio de 2018 también consiguieron un dictamen judicial similar, con él se suspendió el proyecto minero Río Blanco, que está en Molleturo y Chaucha. Esta área está a cargo de Junefield Ecuagoldmining South América, de China, tiene una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de zonas de plata.
Consulta previa antes de otorgar permisos
En esa ocasión fue Paúl Serrano, juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, quien emitió el dictamen con el que se detuvo esa concesión minera. El argumento fue el mismo: falta de consulta previa.
Juan Patiño, abogado e investigador en legislación ambiental, explicó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 57, establece un derecho que tienen las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades.
Se trata del derecho a plantear una consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables. “Antes de darles los permisos debió consultar a los pobladores de esa zona para conocer su opinión, esto es algo obligatorio…”, precisó.
Riesgos con presencia de minería ilegal
Para Manuel Larriva, ingeniero en medio ambiente y consultor para tramitar licencias ambientales, la suspensión de estos proyectos mineros genera el riesgo de que llegue la minería informal a estos lugares.
“Hay redes de mineros ilegales, que saben que allí hay oro y que están dispuestos a posesionarse en esos espacios para sacar ese mineral a como de lugar, con violencia, con intimidación, con amenazas…”, mencionó.
Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, indicó que están a la espera de la notificación por escrito de la resolución judicial de suspensión del proyecto minero Loma Larga. “Para analizar el contenido de la misma y los alcances toda vez que al ser una materia compleja el juez se tomó bastante tiempo y analizó múltiples aspectos que abarca este tema…” detalló.
A criterio de Vargas estas decisiones judiciales en contra de los proyectos mineros afectan a la seguridad jurídica que es necesaria para atraer inversión extranjera al Ecuador. Este dictamen será apelado.
Ya en temas de consultas, en 2019, los habitantes de Girón decidieron que no haya minería metálica en este cantón. En 2021 en Cuenca la población votó en una consulta popular para prohibir la minería en zonas de recarga de agua.
Inversiones en el proyecto
$ 408 millones es la inversión que tiene previsto hacer Dundee Precious Metals, en el proyecto minero Loma Larga.
$ 75 millones hasta la fecha se han invertido en el proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha.
4.723.91 millones es el cálculo de exportación que se estima tenga el proyecto minero Loma Larga durante el periodo 2023 y 2034.
Fuente El Mercurio