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¿Qué sucede y a cuánto asciende el contrabando en Ecuador?

El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) decomisó $76,2 millones en productos contrabandeados en 2022. Es un aumento de 9% frente a 2021, cuando las aprehensiones sumaron $69,7 millones. Los productos aprehendidos por contrabando, como computadoras, medicinas y vehículos, son destruidos, donados o destinados a entidades públicas.
Por Henry Jara
3 minutos
El impacto del contrabando en las empresas significa menos ventas, reducción de la producción, cierre de negocios y pérdida de empleos.
El impacto del contrabando en las empresas significa menos ventas, reducción de la producción, cierre de negocios y pérdida de empleos.
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El 19% de lo incautado en 2022, lo que es igual a $14,6 millones, corresponde a zapatos, convirtiéndose en el producto más confiscado. Le siguen las aprehensiones de productos tecnológicos y accesorios, como computadoras, que representaron $13,7 millones. Luego aparece la confiscación de textiles, que suma $11,7 millones; de vehículos, con $9,1 millones; medicinas, con $4,8 millones.

Estrategias de contrabando

El subdirector general de Operaciones de la Senae, Felipe Ochoa, explica al portal Primicias que, el contrabando de vehículos se da cuando se usa mal las siguientes figuras:

  • Menaje de casa de migrante, cuando una persona ingresa bienes de uso cotidiano adquiridos durante su residencia en el extranjero.
  • Importaciones para personas con discapacidad.
  • Ingreso de vehículos para realizar turismo, por un período máximo por tres meses.

Según la Aduana, los comerciantes ilegales ingresan mercancía a través de contenedores, vehículos o camiones particulares o del llamado contrabando de ‘hormiga’. Esta última modalidad se da cuando bandas delictivas contratan a ciudadanos para que ingresen el producto en sus maletas y argumenten que es para consumo personal, lo que está permitido.

Almacenamiento en centros de acopio

Por ejemplo, eso ocurre con los cigarrillos. Las personas ingresan los tabacos y los lleva a centros de acopio, desde donde son distribuidos a todo el país. La venta incluso se hace a través de redes sociales, afirma la Aduana.

También existe el contrabando técnico, que se da cuando empresas o personas ingresan productos «falsificando documentos, declarando información incorrecta, incompleta o que ni siquiera existe», explica Teodoro Benavides, coordinador de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El impacto del contrabando en las empresas significa menos ventas, reducción de la producción, cierre de negocios y pérdida de empleos.

Los productos decomisados

Son destruidos, donados o entregados a entidades públicas, explica Ochoa. Agrega que eso ocurre después de que un juez determina qué se debe hacer con los productos.

El 31 de enero y el 1 de febrero, la Aduana destruyó 11 millones de cigarrillos. Lo hizo junto con dos gremios empresariales. Al igual que los cigarrillos, los alimentos, las medicinas y las bebidas alcohólicas incautados se destruyen cuando no son aptos para el consumo humano, por ejemplo, cuando no tienen certificado sanitario.

Para que los artículos de contrabando decomisados sean desechados pueden pasar varios meses, lo que implica costos de almacenamiento. A eso se suma el pago de un gestor ambiental para que certifique la destrucción de los artículos.

Si los productos decomisados son artículos tecnológicos o ropa son adjudicados. Esto implica una especie de donación que la Aduana hace a otra institución pública, como la Policía Nacional, o a fundaciones. Aunque, también hay productos de esas categorías que han sido destruidos, como cascos de motocicletas que no tienen certificados de seguridad.

Destino de vehículos

El destino de los vehículos de contrabando depende del motivo de su aprehensión. Por ejemplo, los que ingresaron para actividades de turismo y permanecen más tiempo del autorizado son almacenados hasta que sus dueños paguen la multa y los retiren.

Muchas veces eso no ocurre, porque las personas prefieren abandonar el vehículo y no pagar una sanción que es de un salario básico ($450) por día de retención. En cambio, los vehículos importados sin cumplir la normativa se destinan a instituciones públicas.