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La minería ilegal se apodera de 17 provincias en Ecuador

Hay campamentos de minería ilegal en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y en la Amazonía de Ecuador, según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr). Según el Gobierno, la minería ilegal está creciendo porque cada vez recibe más dinero del narcotráfico.
Por Henry Jara
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Los técnicos de la Agencia ponen un sello de clausura en los campamentos ilegales y notifican las sanciones administrativas a los mineros ilegales.
Los técnicos de la Agencia ponen un sello de clausura en los campamentos ilegales y notifican las sanciones administrativas a los mineros ilegales.
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En todos los operativos realizados, los técnicos de la Agencia encontraron un escenario parecido: un túnel en la tierra, que es la bocamina para explotar vetas de oro. Y, alrededor de las bocaminas, hallaron campamentos con galones de diésel, explosivos, herramientas de excavación y enormes máquinas retroexcavadoras.

Campamentos en provincias

En los campamentos más grandes, incluso hay piscinas con mercurio para procesar el material de las minas, armas de fuego y camionetas. Aunque el material incautado pasó de 130 bultos en 2021 a 2.424 en 2022, la cifra es ínfima frente lo que no logra ser decomisado en los controles.

En 2022, la Agencia incautó casi 60 toneladas de material mineralizado de oro; esto es 75 veces más que frente a 2021.

Hay seis provincias con más puntos de minería ilegal:

  • Zamora Chinchipe, sobre todo en los cantones Paquisha y Nangaritza.
  • Chimborazo.
  • El Oro, en zonas como el cantón Zaruma.
  • Loja.
  • Napo, en los sectores de Puerto Napo y de Naranjalito, cerca al río Jatunyacu. Estos sitios están frente a la comunidad amazónica Yutzupino, en donde ya hubo una intervención del Gobierno en febrero de 2022.
  • Imbabura, en zonas como la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la concesión minera Imba 2.

Operativos de control

En total, la agencia realizó 348 operativos contra la minería ilegal en 2022; esto es, siete controles más que en 2021.

La minería ilegal mueve millones de dólares, es una actividad atractiva para el lavado de dinero y las redes de narcotráfico, según Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería de Ecuador.

Además, los daños ambientales son enormes, dice al portal Primicias, el exviceministro de Minas, Henry Troya. Por ejemplo, las piscinas con mercurio contaminan la tierra y las fuentes de agua cercanas, añade Troya. Incluso luego de hacer trabajos de remediación, quedan rastros de este químico altamente tóxico.

El envenenamiento con mercurio, que es una neurotoxina, provoca trastornos neurológicos, dificultad para coordinar movimientos y hasta pérdida de la visión.

Los técnicos de la Agencia ponen un sello de clausura en los campamentos ilegales y notifican las sanciones administrativas a los mineros ilegales. Sin embargo, casi siempre, los mineros vuelven al poco tiempo y continúan con la extracción, pues los técnicos de la Agencia no tienen la facultad de detener a los mineros.

Para eso está la Policía, que no siempre acompaña a la Agencia en los operativos, explica Ycaza.

En otros casos, los mineros ilegales abandonan los campamentos antes de que lleguen los técnicos de la Agencia. Pero también hay ocasiones en que los técnicos tienen que enfrentarse a personas que están armadas, añade Ycaza.

Tentáculos armados

Según el Gobierno, la minería ilegal está creciendo porque cada vez recibe más dinero del narcotráfico. De ahí que la minería ilegal ha sido declarada como amenaza para la seguridad del Estado, aunque aún no se emite el Decreto Ejecutivo. Cuando salga el decreto, las Fuerzas Armadas podrían intervenir en los frentes de minería ilegal donde hay personas armadas, añade Troya.

El narcotráfico incluso está atacando a las concesiones mineras formales. El 26 de enero de 2022, un grupo de personas armadas entró a la fuerza en una concesión minera formal, ubicada en el cantón Santa Isabel, cerca a Camilo Ponce Enríquez (provincia de Azuay).

Los delincuentes, que se identificaron como miembros de la banda de Los Tiguerones, exigían una suma de millonaria para permitir el ingreso de los obreros a la mina. Un trabajador de la empresa dijo que los delincuentes dieron un plazo de 15 días al titular de la concesión para entregar el dinero.

Por su parte, el empresario no ha entregado el dinero y puso una denuncia en la Fiscalía. Además, el empresario pidió resguardo policial en la mina, sin embargo, todavía no lo ha recibido.