En un informe emitido en agosto de 2022, la Policía Nacional advierte que a la falta de celeridad de los procesos investigativos se suma la falta de recursos humanos y tecnológicos. “La vulnerabilidad al lavado de activos está compuesta por la variable de vulnerabilidad sectorial (medio-alta) y la habilidad de combate nacional (medio-bajo). Por lo tanto, el riesgo del lavado de activos es medio-alto”, señala el informe.
Proyección anual para gastos especiales
La Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD) tampoco cuenta con una proyección anual para gastos especiales, ya que los rubros se solicitan de acuerdo con la necesidad del caso. De igual manera, “se debe mencionar que hasta la presente fecha la UIAD ha recibido $17.000 solicitados para 15 casos”, detalla el informe.
La dificultad de la lucha contra el lavado de activos se refleja en los bajos niveles de decomisos de dinero en efectivo. Así, desde el año 2020 solo se ha incautado $1’710.759. En bienes incautados los rubros son más altos y suman $9’291.787. Mientras que las inmovilizaciones bancarias dan un total de $7’644,902.
Principales amenazas para el financiamiento del delito
Como principales amenazas para el financiamiento del delito de lavado de activos se encuentra el narcotráfico, la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y el robo de vehículos. En cuanto al tráfico de drogas, según el informe, es una de las principales amenazas y de mayor proliferación “dada la ubicación geográfica del país”, que comparte fronteras con Perú y Colombia, países que se encuentran dentro de los mayores productores de cocaína a escala mundial.
Por otra parte, la falta de recursos para combatir el lavado de activos también incide en el avance impune de la corrupción “vinculada a la esfera política, que ha sido utilizada como medio para el oportunismo y enriquecimiento privado no justificado. La red de corrupción se ha ido ampliando y diversificando de distintas formas, evidenciándose en grandes escándalos que ha sufrido el país, principalmente, en sectores estratégicos”.
A esto le suma el informe un crecimiento de la creación de empresas fantasmas en Ecuador, en los últimos cinco años, por medio de sociedades o personas naturales que incurren en evasión fiscal. Según un informe de la Cepal de diciembre de 2020, la evasión de impuestos en el país alcanza el 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir que son cerca de $7.000 millones que no ingresan a las cuentas del Presupuesto General del Estado, cada año.