La decisión se tomó este lunes 20 de marzo del 2023 en una reunión pública frente a la prensa, después de una hora de debate entre las autoridades del Parlamento
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.); la primera vicepresidenta, Marcela Holguín (Unes); el segundo vicepresidente, Darwin Pereira (Pachakutik), al igual que los vocales Esteban Torres (Psc) y Ronny Aleaga (Unes), votaron a favor.
Remitirán pedido
Las vocales Nathalie Arias (Creo), del oficialismo, y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática (ID), se abstuvieron.
Pereira informó que el pedido será remitido mañana martes 21 a la Corte Constitucional (CC) para un dictamen de admisibilidad. Si es favorable, esta causa deberá ser sustanciado por la Comisión de Fiscalización, caso contrario se archivará.
De acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte tiene un plazo de seis días para pronunciarse, una vez que reciba la solicitud.
La solicitud de juicio político fue presentada el jueves pasado por los asambleístas Viviana Veloz (Unes), Pedro Zapata (Psc), Rodrigo Fajardo, de una facción de la ID y Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik y afin al presidente de la Conaie.
Cumplimiento de requisitos
El CAL verificó que la solicitud cumplió los requisitos: 59 firmas de respaldo (13 más de las necesarias), el anuncio de pruebas y haber singularizado las acusaciones contra el mandatario conforme al artículo 129 numeral 2 de la Constitución, que aluden a los delitos de concusión y peculado.
Los cuatro proponentes del juicio político son los mismos que fueron parte de la mayoría de la comisión ocasional que investigó a Lasso por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en Ecuador, que involucran a su círculo cercano.
El debate se centró en un pedido de Johana Moreira (ID) para que el CAL devolviera la solicitud a los proponentes para que corrijan errores en el texto, entre ellos haber invocado artículos de la Constitución y la Ley Legislativa que no corresponden.
El socialcristiano Esteban Torres respondió que aquello se corrigió con un alcance que remitieron los proponentes al CAL mediante la figura del «lapsus calami» horas después de haber entregado la solicitud. Torres sostuvo que ese mecanismo no afecta al fondo de la pretensión de los legisladores proponentes del juicio político.
Proceso de fiscalización
«Son correcciones que se están haciendo, que no alteran y que no son parte de los requisitos. La validez, para mí del alcance como tal, no es posible en estos procedimientos de juicio político», insistió Moreira, sin que la oposición legislativa acogiera esta observación.
Arias sostuvo que el texto está alterado, lo que podría derivar en nulidades. «Cuando estamos hablando de un proceso de fiscalización, de control político, se tiene que asegurar el debido proceso de inicio a fin, por lo tanto, cualquier observación o vestigio de duda, por supuesto puede exponer a la nulidad», sentenció.
La legisladora oficialista cuestionó, además, que el CAL admitiera a trámite la solicitud, cuando esto corresponde a la Corte Constitucional. «Al final del día, no es que aquí termina el juicio político, estamos recién dando inicio, va a venir un segundo paso, que es el de la Corte Constitucional», puntualizó el segundo vicepresidente de la Asamblea.