El pago de la millonaria indemnización fue ordenado por los jueces de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil y de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, tras aceptar una acción de protección de los extrabajadores.
Una indemnización de $60 millones implica que los extrabajadores recibirían como reparación integral cerca de $400.000 cada uno. Según el BCE, esa indemnización no tiene precedentes y es “una medida de enriquecimiento en desmedro de los recursos públicos”.
Supresión de partidas
El BCE considera que, “con este abuso sistemático de las acciones constitucionales, exfuncionarios, abogados y otras personas buscan enriquecerse a través de reparaciones desproporcionadas”.
El BCE argumenta que la supresión de partidas de los exfuncionarios, ocurrida en 2004, se dio en atención a una disposición de la entonces Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA). La medida se enfocó en 33 funcionarios, que fueron debidamente liquidados e indemnizados, de acuerdo con el Banco Central.
El Banco añadió que la supresión de partidas contó, inclusive, con el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado de la época. Sin embargo, en 2021 el Juez de primera instancia, Luis Alberto Quintero Angulo, amplió el beneficio de indemnización para otros 120 exfuncionarios, que no fueron parte procesal de la acción de protección inicial. El fallo ocurre, además, pese a que los extrabajadores habían perdido en 40 instancias judiciales previas.
El BCE también argumenta que todo este proceso comenzó con un sorteo con indicios de irregularidades, que fue denunciado ante la Fiscalía por el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, informa el portal Primicias.
Embargo de bienes
La entidad advirtió que las medidas de ejecución de la sentencia incluso conllevan el embargo de bienes y cuentas de la institución, que maneja los depósitos de todas las instituciones del Estado. El fallo, además, provocaría la descapitalización del BCE.
El fallo a favor de los extrabajadores representa el 60% del capital del Banco, que suma $100 millones. “La liquidez y el patrimonio del BCE se vería gravemente afectado. Lo que provocaría que el BCE deje de cumplir su rol de agente fiscal y financiero, tercero confiable y de generador de utilidades para el estado ecuatoriano, perjudicando la estabilidad de la dolarización”, dijo la entidad.
Lo que se viene El BCE presentó una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional (CC), que ha sido admitida a trámite por la relevancia del caso. La entidad exhortó a la Corte Constitucional para que seleccione este caso con el objeto de emitir un precedente vinculante“ y se evite este continuo y sistemático abuso de las garantías jurisdiccionales”.