La ley 047 existe desde 1989, cuando Rodrigo Borja era el presidente de la República. Lo que significa que tuvieron que transcurrir 34 años para que la Asamblea Nacional modifique esta normativa para entregar recursos a las juntas parroquiales.
Distribución equitativa
La reforma establece que del 5% de la facturación, que equivale a 10 millones de dólares aproximadamente, el 60% lo reciban los 34 municipios de las tres provincias, y el 40%, las juntas parroquiales.
Los 4 millones de dólares que corresponden a las juntas parroquiales se dividen en partes iguales. Es decir, cada gobierno parroquial recibirá unos 30 mil dólares por año.
Además, consta una transitoria para que, los recursos que en los últimos 13 años se dejaron de percibir de la ley 047 por la desaparición del ExCrea (entidad que administraba hasta el 2010 el 40%), se entreguen también a las juntas parroquiales. Se estima de unos 25 a 30 millones de dólares de remanente.
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, fue claro en decir que “para acceder a estos millones de remanente, se aprobó en la reforma que el Ministerio de Economía y Finanzas realice una liquidación previa a los informes correspondientes”. Este proceso lo deberá cumplir en un plazo de 60 días para transferir los recursos en 180 días.
Remanente económico
El remanente será también distribuido en partes iguales a las juntas parroquiales. Saquicela calcula que más de 200 mil dólares recibirían cada uno de los 133 gobiernos parroquiales, cuyos recursos podrían llegar en este mismo año a sus arcas, pero por una sola vez.
Los representantes de las juntas parroquiales de las tres provincias consideran como un hecho histórico recibir estos recursos de la ley 047. Ellos participaron junto a Saquicela, de un acto especial en la parroquia Javier Loyola, de Azogues, donde se dieron a conocer pormenores de la reforma.
Leonardo Tigre, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) filial Azuay, dijo a diario El Mercurio que, los recursos contribuirán para la ejecución de obras en las distintas comunidades, además de aportar para el cuidado del medioambiente.
Algo similar opinó Walter Vásconez, presidente de Conagopare filial Cañar, quien espera que no se presenten inconvenientes, pues la reforma, previo a su publicación en el Registro Oficial, pasará por manos del Ejecutivo.
“Mi parroquia se ubica en la selva en los límites con el Perú, se accede en avioneta o caminando por varias horas porque no tenemos carreteras. Estos recursos nos ayudarán para cubrir las necesidades de nuestras 32 comunidades, donde vivimos 6.500 personas”, señaló Maritza Tanchi, vocal del GAD Provincial de Pumpuentsa de la provincia de Morona Santiago.