Finanzas

Gobierno de Ecuador pidió crédito a multilaterales para atender desastres

El Gobierno ecuatoriano recurre a créditos para atener los desastres naturales que afronta el país. El monto de los préstamos podría llegar a $210 millones informó el Ministerio de Economía y Finanzas. El dinero será invertido en ayuda social para damnificados de Alausí y terremoto en El Oro. Además de intervención en vía y para Secretaria de Riesgos.
Por Henry Jara
3 minutos
Gobierno ya activó una línea de crédito por $60 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se sigue conversando con multilaterales para gestionar más fondos para atender las emergencias.
Gobierno ya activó una línea de crédito por $60 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se sigue conversando con multilaterales para gestionar más fondos para atender las emergencias.
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Aún no se han cuantificado los daños causados por inundaciones, sismos, deslaves y otros desastres naturales, registrados las últimas semanas. Pero, el Gobierno ya activó una línea de crédito por $60 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se sigue conversando con multilaterales para gestionar más fondos para atender las emergencias, señaló el ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Necesidades de financiamiento

“Lo importante es tener una estrategia económica de orden fiscal y enfoque social. Con una economía desordenada no se activan esas líneas de crédito para desastres naturales”, dijo Arosemena. Además, descartó la creación de nuevos impuestos para atender las emergencias que afronta el país.

En el Presupuesto 2023 se calcularon necesidades de financiamiento por $7.577 millones, es decir lo que le falta al Estado para cubrir el déficit fiscal y las amortizaciones. Esto se solventa con deuda.

Sin embargo, esa cifra seguramente aumentará debido a los problemas que debe afrontar el Ecuador, por temas imprevistos, como los desastres naturales.

Ecuador debe endeudarse para atender las emergencias, ya que no tiene ahorros o un fondo para emergencias. Un proyecto de ley de Gestión de Riesgos, que está en la Asamblea Nacional desde hace más de tres años, propone la creación de un fondo para emergencias, pero el legislativo no le ha dado trámite.

Medidas emergentes

La última tragedia se registró el pasado 26 de marzo del 2023, en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. En esa ciudad de la Sierra centro se produjo un gran deslizamiento de tierra, que afectó a unos cinco barrios, dejando varias personas fallecidas, más de 60 desaparecidos, 170 casas destruidas y más de 500 personas damnificadas.

El presidente Guillermo Lasso visitó el lugar y se comprometió, entre otras cosas, a entregar bonos, viviendas y más.

Entre los bonos que se anunció están los de arrendamiento, señaló el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Esta ayuda consiste en la entrega de $675, equivalente a 1.5 salarios básicos unificados (SBU).

El monto será entregado en tres pagos mensuales. De manera excepcional y por una sola ocasión, el incentivo podrá otorgarse una vez más, siempre que se mantenga la situación de emergencia. Aún no se conoce el número de familias que recibirán esta subvención.

Además, solicitó un terreno a la Alcaldía de Alausí para construir un complejo habitacional que permita reubicar a las personas afectadas.

Damnificados por terremoto

El pasado 18 de marzo se registró un sismo de 6,5 grados de magnitud en la provincia de El Oro. El movimiento telúrico dejó 14 personas fallecidas, más de 192 viviendas afectadas y otras 90 destruidas.

Además, el sismo dañó infraestructura estatal. Se contabilizan 80 unidades educativas afectadas, 33 centros de salud dañados y cinco puentes destruidos, entre otras afectaciones.

El gobierno se comprometió a entregar bonos de arrendamiento, reparar casas y arreglar la infraestructura estatal.

De los $60 millones gestionados al BID, $10 millones han ido al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para atender al sistema vial, destruido por el invierno y el terremoto. $3 millones a las cuentas del Ministerio de Educación y se están asignando unos $6 millones más a la Secretaria de Riesgos, a los ministerios de Vivienda e Inclusión Social.