El Gobierno espera beneficiar con su reforma agraria a unas 300.000 familias que recibirán entre siete y diez hectáreas de tierra fértil cada una, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según la ANT, desde que comenzó el Gobierno de Petro, se han formalizado alrededor de 1,4 millones de hectáreas de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 400.000 a cuatro zonas de reserva campesina como la de Sumapaz o la de Guayabero, Meta.
Gerardo Vega aclaró que la ANT tiene como “prioridad número uno” a las mujeres y personas con “vocación agraria” que estén “en condiciones de hacer producir el campo” al ser estas quienes pueden “producir alimentos, sembrar y cultivar”. Esto es una de las “metas del Gobierno en su lucha contra el hambre y por la paz”, aseguró.
El funcionario precisó que de las más de 400.000 solicitudes de formalización, adjudicación y ventas de tierras, el 70 % se encuentra en la región Caribe repartidas entre los departamentos del Magdalena, Sucre, Córdoba, Atlántico, Bolívar y La Guajira.
La ANT también señaló que la “formalización” supone titular la tierra a quien ya está sobre ella pero carece de un título de propiedad; la “adjudicación” se efectúa con las personas que “no tienen tierra o disponen de muy poca”; y la “venta” alude a las personas que ofertan la tierra al Estado.
Condiciones para la compra de tierras
El precio promedio por hectárea de tierra fértil fijado para la compra asciende a 10 millones de pesos. No obstante, el costo de las tierras ofertadas lo determinará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).
Sobre los requisitos que deben cumplir las tierras, Vega explicó que estas tendrán ser “fértiles para la producción de alimentos” y no estar inundadas, ocupadas o en procesos de restitución.
Actualmente, la ANT dispone de 1,5 billones de pesos para la compra de tierras y tiene la viabilidad de unas 147.000 hectáreas que están pendientes de visita predial y avalúo.
No obstante, Vega recordó que “cualquier colombiano que tenga propiedades en el sector rural y quiera ofertarlas al Gobierno lo puede hacer”.
La disputa por la tierra para los campesinos representa una de las principales causas del conflicto armado colombiano en el que se calcula que entre siete y diez millones de hectáreas fueron adquiridas de manera fraudulenta o violenta por distintos grupos ilegales.
Para enfrentar esta desigualdad crónica, Petro está decidido a impulsar la reforma agraria que se ha postergado durante décadas.