El presidente Gustavo Petro firmó el 31 de julio de 2023 la Ley 2307, que establece que los estudiantes no tendrán que pagar matrícula para estudiar carreras de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país. Esta ley de gratuidad tendrá que ser reglamentada por el Ministerio de Educación en un plazo máximo de seis meses. ¿Qué implica esta normativa y cómo beneficia a los colombianos?
¿En qué consiste la ley de gratuidad?
La Ley 2307 dice en su segundo artículo que el Gobierno nacional se encargará de financiar la matrícula de los programas de pregrado en las universidades públicas, para que los estudiantes no tengan que pagar nada por su educación.
Además, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, creará programas intersectoriales para dar apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes colombianos que estudien en estas instituciones. Estos apoyos se darán de forma gradual y según el presupuesto disponible cada año.
¿Quiénes se benefician con esta ley de gratuidad?
La ley prioriza a las personas que pertenecen a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, según el Sisbén IV o el instrumento que lo reemplace, definido por el Departamento Nacional de Planeación.
También a las víctimas del conflicto armado, las comunidades étnicas (indígenas, ROM, raizales, afrodescendientes y palenqueras), las personas con discapacidad, las madres cabeza de familia y los jóvenes que se hayan graduado como bachilleres de colegios oficiales ubicados en zonas rurales del país.
La ley también establece que el Gobierno nacional verificará que los apoyos económicos para sostenimiento no se dupliquen, es decir, que un estudiante matriculado en programas de pregrado de las universidades públicas no reciba más de un apoyo del Gobierno Nacional para el mismo fin.
La reforma a la Ley 30 de 1992: la educación como un derecho fundamental
La Ley 2307 es parte de una reforma más amplia que el Gobierno nacional presentará el 20 de julio ante la nueva legislatura. Se trata de la reforma a la Ley 30 de 1992, que regula el servicio público de la educación superior en Colombia.
El objetivo es que la educación en el país deje de ser un servicio y se convierta en un derecho fundamental para todos los colombianos.
Así lo confirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien anunció que después de dialogar con algunos rectores de las universidades, se logró un consenso para tramitar esta reforma.
La ministra también informó que se está recibiendo la retroalimentación de las instituciones a nivel nacional y que la próxima semana se presentará el borrador del documento.